Cómo tirar a la basura 500 millones de pesos

Como follow up del artículo que se publicó la semana pasada quiero retomar los resultados de la consulta popular que se llevó a cabo el pasado domingo 1° de Agosto. Si leyeron el artículo o cualquier otra noticia respecto a este saben que el objetivo de la consulta era poder tener un consenso respecto a una cuestión, la cual era si se debería de tomar acciones dentro del marco legal a las acciones cuestionables de actores políticos de años anteriores. Se puede decir que el consenso se originó por un capricho del presidente de la República, quien públicamente estaba exhortando a lxs ciudadanxs para que votaran y se pudiera enjuiciar a los expresidentes.

En el artículo anterior mencionaba y, era obvio, no se esperaba una gran participación por parte del pueblo mexicano, pero si hubo una que otra persona que se tomaron el tiempo para participar. El INE declaró que 6 millones 663 mil 208 personas fueron a votar, esto representa un 7.11% del padrón electoral en México. El nivel de participación no logró el 40% requerido para dar seguimiento a la pregunta que planteaba la consulta. Aun así, los resultados son interesantes ya que el 97.72% de los votos contestaron que “Sí” mientras que el 1.54% que “No”, y un .973% anularon su voto. (Datos del INE)

Estas estadísticas nos dan un buen paisaje que lxs ciudadanxs mexicanxs, por lo menos dentro de este siete por ciento quieren que se respete y se cumpla el Estado de derecho. Y puedo apostar que las personas que no participaron también quieren que se respete. Lo más absurdo es que se deba hacer una consulta para poder determinar que casi todos los ciudadanos queremos que se cumpla el Estado de derecho. La comunicación o mensaje principal de la consulta estuvo mal planteada ya que parecía que se quería enjuiciar a los expresidentes y no se representaba correctamente la pregunta, para poder decidir si se seguía el marco jurídico dentro de un país democrático. ¿Cómo es posible que se debe de llegar a tal extremo, a través de una encuesta, para hacer algo que está en las facultades y obligaciones del Poder Judicial y que, es una parte imperativa de la gobernabilidad que el ejecutivo debe procurar?

Es evidente que si le preguntas este tipo de cuestiones al público la respuesta va a ser más que obvia. ¿Cuál será la siguiente pregunta? ¿Quieres pagar más impuestos, quieres que las vías públicas se pavimenten y que se les de mantenimiento periódico, se debería de mejorar el sistema de salud público? Así podríamos seguir formulando muchas preguntas absurdas por su obviedad, al final estas son cuestiones que sin importar la respuesta los respectivos poderes de la unión e instituciones deberían de hacer si se considera necesario para guardar el Estado de derecho, se supone que en una democracia como la nuestra se eligen representantes y funcionarxs que deciden por el bien común.

Las encuestas populares tienen una función y no dudo que puedan ser útiles en ciertas situaciones, pero esta no fue una de ellas. No era necesario gastar 528 millones de pesos para la campaña y la realización de esta consulta. Si el poder judicial y el gobierno en turno estuvieran haciendo sus labores este dinero no se tendría que haber gastado en este evento donde solo el 7% de la ciudadanía participó y mejor se hubiera invertido en otras necesidades como el sector salud o la obtención de vacunas de COVID-19, temas de urgencia en nuestro país.